Fragmento

La última década del primer milenio y la primera del segundo han desatado en la medicina colombiana diversos conflictos, la mayoría de los cuales sigue sin resolverse. Se iniciaron con la introducción de la medicina pre-pagada, a finales de los años ochentas, que imitaba las “H.M.O.s” u organizaciones para mantener la salud de los Estados Unidos. La Academia Nacional de Medicina, junto con las más importantes agrupaciones médicas del país, participó a comienzos de los noventas en un Consejo Nacional de Instituciones Médicas en un decidido pero efímero esfuerzo para combatirlas, ya que desde esferas superiores se propició la disolución de sus integrantes. Fortalecido el poder económico de las aseguradoras vino, como era lógico, la promulgación de la Ley 100 de 1993, que obedecía a la consigna, lanzada desde las organizaciones bancarias con más poder en Latinoamérica, de apoderarse de la seguridad social como una mina aún inexplotada que podría brindar el mejor rendimiento económico. Aprobada por los políticos y después de consultas parciales o ex post facto con los conglomerados médicos, se procedió a una reglamentación que para nuestros más destacados pensadores no ha hecho otra cosa que desprofesionalizar u “obrerizar” a la medicina, convirtiendo la vocación hipocrática en un mandato burocrático y carcomiendo las bases mismas de la relación médico-paciente. A ello ha respondido nuestra Academia con enérgicas publicaciones, críticas, sugerencias, objeciones, participaciones en foros y hasta en un proyecto de ley enviado al Legislativo para modificarla, pero hasta ahora los esfuerzos han sido cada vez más inútiles, frente al inexpugnable baluarte que forma el contubernio entre intereses políticos y económicos, con capitalizaciones y repartos cada vez más crecientes.

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2009-01-28   |   821 visitas   |   Evalua este artículo 0 valoraciones

Vol. 30 Núm.3. Septiembre 2008 Pags. 143-144 Medicina Ac. Col. 2008; 30(3)