Autor: Sierra S Guillermo Orlando
Proteger la autonomía universitaria es el derecho que tenemos de no perder, ante el poder político del Estado, todo el escenario de libertad y autogobierno indispensable para realizar lo que nos es propio: Investigación, formación ciudadana y preservación del patrimonio cultural. Compartimos, por estos días, las universidades públicas y privadas, agendas comunes y de hondo calado que provienen de la propuesta del Gobierno del Presidente Santos, en lo que tiene que ver con su propuesta de reformar la Ley 30 de 1992 que rige los destinos de la Educación Superior. Y uno de tales puntos que sustentan protestas y reclamos es la autonomía universitaria, concepto que, desde mi prejuicio, no ha sido lo suficientemente analizado, comprendido y menos aún explicado. Este concepto que pasa de manera transversal por las aulas y pasillos de las universidades, es una categoría jurídica que se convirtió en un piso fundamental de estos centros de educación superior desde el momento de su creación misma, sólo que en este país, apenas se le reconoció constitucionalmente en 1991.Proteger la autonomía universitaria es el derecho que tenemos de no perder, ante el poder político del Estado, todo el escenario de libertad y autogobierno indispensable para realizar lo que nos es propio: Investigación, formación ciudadana y preservación del patrimonio cultural. Este concepto que pasa de manera transversal por las aulas y pasillos de las universidades, es una categoría jurídica que se convirtió en un piso fundamental de estos centros de educación superior desde el momento de su creación misma, sólo que en este país, apenas se le reconoció constitucionalmente en 1991.
2011-07-21 | 759 visitas | Evalua este artículo 0 valoraciones
Vol. 11 Núm.1. Enero-Junio 2011 Pags. 9-10 Arch Med Manizales 2011; 11(1)